La Covid19, excusa para limitar el derecho al aborto (Píkara magazine)

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Diferentes colectivos europeos reclaman que se puedan interrumpir los embarazos en casa para cumplir con los plazos requeridos

Publiqué este artículo en Píkara magazine.

Manifestación en Polonia contra el aborto manteniendo la distancia social. / Foto : FB Notes From Poland

Coronavirus y el aborto

Cuando la pandemia del coronavirus comenzó a descontrolarse en el Reino Unido, Inglaterra acordó permitir el aborto médico en los domicilios a través de la telemedicina, al menos durante el tiempo que permanezcan impuestos los bloqueos y cuarentenas. Según la nueva política, las mujeres pueden tomar los medicamentos necesarios para abortar en sus casasdurante las primeras 10 semanas de embarazo, después de hablar con el médico por teléfono o correo electrónico, en lugar de tener que desplazarse para tomar la primera dosis en un centro de salud.

De este modo, las mujeres pueden poner fin a los embarazos no deseados de forma segura y privada, sin tener que pasar por procedimientos quirúrgicos innecesarios. En circunstancias habituales, las inglesas tenían que visitar clínicas para tomar la tableta de mifepristona, algo casi imposible durante la pandemia de la Covid-19, dado el cierre de muchas clínicas y los consejos de salud pública sobre el aislamiento.

El aborto en los hogares ha sido ampliamente defendido por las activistas frente a la preocupación de que muchas mujeres se vean obligadas a esperar más allá de los plazos requeridos.

Como recuerda Hillary Margolis, investigadora de los derechos de las mujeres de Human Rights Watch, a lo largo del continente muchas clínicas se han visto obligadas a cerrar, debido a la escasez de personal, porque o está enfermo o necesita cuidar a sus seres queridos. Esto dice que, combinado con restricciones de movimiento durante los bloqueos, “hace que la necesidad de un aborto con medicamentos en casa a través de la telemedicina presente todavía más beneficios”.

Escocia y Gales permitieron los abortos desde los domicilios tras conocer el anuncio de Inglaterra. Francia también ha extendido el plazo de acceso al aborto de siete a nueve semanas para garantizar que las mujeres continúen teniendo acceso a sus derechos. Generalmente, las francesas pueden tomarlas hasta siete semanas después de su último período en casa, o nueve semanas si se encuentran en un hospital.

En España, a falta de aborto farmacológico, por el momento las clínicas están prestando servicios con relativa normalidad. Está permitida la interrupción del embarazo en las 14 semanas de gestación desde el año 2010 y es considerado un servicio médico “no aplazable” en ninguna circunstancia, pero, también, un asunto que no se ha atajado especialmente durante las semanas de coronavirus. La responsable de proyectos de intervención social de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), Gemma Castro, dice que las interrupciones de los embarazos “se siguen realizando tomando las medidas necesarias que requiere la situación que estamos viviendo”, como citas más espaciadas entre pacientes para evitar las aglomeraciones en las salas de espera. Con el objetivo de evitar el contacto con otras personas, en algunas comunidades, como Cataluña y Galicia, se está tratando de agilizar el acceso reduciendo el número de visitas a la clínica, sustituyendo las primeras citas presenciales por citas telemáticas, por ejemplo, según indica Castro.

Los últimos datos disponibles sobre el aborto en España son de 2018 y demuestran que se interrumpieron 95.917 embarazos. Ceuta y Melilla no notificaron ningún aborto en su territorio durante este período. En estas ciudades autónomas no se encuentra ningún hospital público o clínica privada que realice abortos y las mujeres deben desplazarse a otras provincias con este fin, una situación más compleja en la situación actual, con la movilidad restringida por los confinamientos. Las restricciones a los servicios de salud reproductiva también afectan de manera desproporcionada a las mujeres con pocos recursos, las personas trans o las víctimas de violencia machista. Otro colectivo en riesgo son las mujeres migrantes que se encuentran en situación irregular, a quienes se les exige cumplir requisitos administrativos como, por ejemplo, demostrar que llevan en el país más de 90 días. Realizar trámites es complicado durante las semanas del coronavirus, con una fuerte presencia policial en las calles.

Activistas y organizaciones de la sociedad civil de toda Europa están luchando para garantizar que las mujeres no se queden sin atención. De hecho, un centenar de colectivos envió una carta conjunta dirigida a los gobiernos europeos en abril pidiendo salvaguardar el acceso al aborto y que lo reconozcan como un cuidado esencial durante el brote. Una de las firmantes, Caroline Hickson, directora regional de la Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), expresa que es “extremadamente positivo que algunos gobiernos hayan tomado medidas para garantizar la libertad y seguridad reproductiva de las mujeres, como Reino Unido y Francia”. Aunque puntualiza que parece preocupante que éste último ya esté considerando revertir la nueva medida durante la fase de desconfinamiento.

Hickson dice que, sin embargo, desafortunadamente otros países “han tratado de capitalizar la crisis” para avanzar en sus agendas políticas. Es el caso, por ejemplo, del Gobierno polaco, que ha intentado limitar una vez más el acceso al aborto en plena crisis. En Rumanía, la mayoría de las mujeres que necesitan atención para abortar también están siendo abandonadas, ya que los hospitales suspenden la provisión más allá de los casos de emergencia.

Polonia ya cuenta de por sí con algunas de las leyes de aborto más restrictivas de Europa: en este país sólo están permitidas las interrupciones de embarazos en casos de ciertas anormalidades fetales, violación, incesto, o en caso que suponga una amenaza para la salud de la madre. La nueva legislación, aprobada recientemente por una votación preliminar en el Parlamento, busca prohibir los abortos debido a anomalías fetales o enfermedades incurables del niño. De hecho, el 95 por ciento de los abortos en Polonia hasta la fecha son por anomalías o enfermedades fetales, según las estadísticas del Ministerio de Salud.

Esta decisión de tratar de frenar los abortos no fue bien recibida por cientos de polacas, que a pesar de las medidas de distanciamiento impuestas para frenar la cadena de contagios de coronavirus, salieron a protestar de la manera que pudieron: subiéndose a los coches, enseñando carteles, tocando las bocinas, e incluso bloqueando parcialmente algunas de las principales rotondas del centro de su capital, Varsovia.

Como en Polonia, en otros seis países europeos el aborto está severamente restringido o todavía es ilegal. En Andorra, Malta y San Marino, por ejemplo, no se permite el aborto en ninguna circunstancia. En Liechtenstein, se autoriza únicamente si el embarazo es fruto de una violación y si la vida o la salud de la mujer está en riesgo. Mónaco únicamente permite abortar si las mujeres corren algún tipo de riesgo.

Otros estados merecen especial atención, porque las mujeres no son atendidas en el tiempo debido a los largos procesos administrativos, o porque son dejadas de lado por los médicos que deciden negarles atención por sus propias convicciones, “un gran problema en Italia y Croacia en particular”, según indica Hickson, directiva de IPPF.

Las embarazadas a menudo se ven obligadas a viajar en el extranjero para abortar u obtener medicamentos con el mismo propósito. El impacto de estos problemas, se agrava en el contexto actual, sobre todo teniendo en cuenta que muchas fronteras están cerradas hasta nuevo aviso. Como dice Hickson, la pandemia no debe usarse como una excusa para forzar a las mujeres a tomar decisiones sobre sus propios derechos reproductivos y de salud. “Los países europeos deben continuar protegiendo a las mujeres y niñas”, ahora y siempre, concluye la activista.