Los indígenas asiáticos no se rinden, pero se les acumula el trabajo durante la pandemia (Equal Times)

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Más allá del impacto sanitario, el coronavirus ha generado más ‘trabajo de reivindicación’ de derechos civiles y sobre la tierra para los indígenas de numerosas zonas de Asia. Y es que varios gobiernos y empresas han ninguneado a estas minorías aprovechando el marco de la pandemia

Publiqué este artículo en Equal Times 

Pescadores moken en la isla Bocho (Birmania)

Los chao lay y otras minorías de Asia

El coronavirus ha golpeado fuertemente a muchas comunidades, pero ha ayudado a cambiar el rumbo en favor de algunas minorías, como los chao lay, con la desaceleración mundial de los viajes y el turismo, dándoles un respiro temporal. Este es, no obstante, uno de los pocos efectos secundarios positivos de la crisis sanitaria para estas comunidades.

El término chao lay se utiliza para referirse a tres grupos indígenas (los moken, moklen y urak lawoi) que habitan las islas y la popular costa del mar Andamán del sur de Tailandia. Según el informe Levantando nuestras voces para salvar nuestro futuro, publicado en otoño del año pasado por la Red de Mujeres Indígenas de Tailandia (IWNT, por sus siglas en inglés) y la Fundación Manushya, unos 13.000 chao lay viven en 44 comunidades ubicadas en cinco provincias: Phang Nga, Phuket, Krabi, Ranong y Satun (todas ellas en Tailandia).

Su estilo de vida y su relación con el medio ambiente, poco comprendidos por parte de las autoridades, se han visto muy castigados durante décadas. Sus áreas comunitarias, por ejemplo, han sido designadas como zonas de conservación y para el goce del turismo, actividad de la que ellos no obtienen réditos. A la exclusión en el apartado económico se añaden dosis de marginación y de discriminación, incluida la negación de la ciudadanía, porque no están empadronados en ningún lugar.

Como consecuencia, los chao lay han sufrido muchas violaciones de sus derechos territoriales, sobre todo de la mano de inversores turísticos, ya que la mayoría de los indígenas no tienen títulos de propiedad sobre sus tierras tradicionales (pues consideran la tierra un bien comunitario y no propiedad de un individuo).

A diferencia de los otros grupos, los moken, “o gitanos de mar”, no vivían en las aldeas de la playa, sino en barcos, manteniendo un estilo de vida seminómada durante generaciones, surcando las aguas en la temporada seca y regresando a sus asentamientos en las islas de Surin (Tailandia) durante la temporada de monzones.

Pero con el paso de los años, sucesivas leyes de las autoridades tailandesas han ido cercando cada vez más sus territorios y restringiendo su posibilidad de viajar por vía marítima, lo que impacta tanto en su modo de vida como en su sustento, ya que no pueden salir a pescar libremente.

En 2010, como consecuencia de la presión de los indígenas y de las organizaciones que los apoyaban, las autoridades tailandesas emitieron una resolución que pretendía mejorar los medios de vida de aquellos (de los moken); una victoria fundamental en cuanto al respeto de sus derechos y a la protección de los entornos marinos de los que dependen.

Sin embargo, como explica a Equal Times Emilie Pradichit, fundadora y directora de la Fundación Manushya (una organización cuyo objetivo es conectar y empoderar a comunidades locales en toda Asia), las victorias han sido escasas.

Según expone, “las autoridades [tailandesas] lo implementan de manera deficiente debido a sus prejuicios y prácticas discriminatorias arraigadas, incluso si existe una resolución que podría garantizar el derecho a su tierra ancestral”.

Phil Robertson, subdirector para Asia de la ONG Human Rights Watch, expresa a esta publicación que, según su experiencia, en toda la región del Sudeste Asiático sigue existiendo una enorme brecha entre lo que se exige en la ley y los reglamentos, y lo que realmente se implementa. Por lo tanto, apunta, es de vital importancia que los gobiernos y las agencias de la ONU den apoyo a la lucha de estas comunidades (defendiendo sus derechos, su territorio, su cultura ancestral y sus modos de vida) para que estas puedan hacer frente a las dificultades derivadas de “negocios corruptos” e “intereses gubernamentales” que les dejan de lado.

Como explica el activista, las victorias de estas comunidades “quedan demasiado lejanas y son escasas, y hay poca transparencia o rendición de cuentas sobre lo que están haciendo desde el gobierno”.

Sujetos activos en un enfrentamiento desigual “David-Goliat”

Con el paso del tiempo, los pueblos indígenas han logrado organizarse entre ellos y han conseguido aliados en organismos internacionales (que dan a conocer sus formas de vida ancestrales y su rol central en la preservación de los entornos que habitan). Juntos presionan por el reconocimiento de sus derechos y que sus perspectivas se incluyan en las decisiones que afectan sus vidas.

Signe Leth, asesora de derechos territoriales para la ONG Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por sus siglas en inglés, una organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas), en conversación con Equal Times pone como ejemplo de este nuevo nivel de lucha la creación de la plataforma de pueblos indígenas, establecida por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que reconoció su importancia para abordar y responder al reto del cambio climático.

Así, la Plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas (LCIPP), para el intercambio de experiencias y mejores prácticas, es el resultado de una larga lucha por su reconocimiento y respeto.

Para Leth, los pueblos indígenas de ningún modo son sujetos pasivos. “Ellos son los que han impulsado la lucha, han estado luchando en la ONU, y quienes constantemente plantean sus problemas”, dice. Los pueblos indígenas son también los que hacen barricadas en sus tierras y patrullan sus territorios, quienes organizan protestas y arriesgan sus vidas en la lucha por proteger sus tierras. Las ONG y la ONU son meros aliados en su lucha.

Y su lucha ha generado éxitos. Leth avanza que, por ejemplo, en Nepal lograron que la corte suprema emitiera una orden de suspensión de un enorme proyecto de expansión de carreteras en el Valle de Katmandú. Los pueblos indígenas en Malasia, Filipinas, India y muchos otros lugares, han logrado salvaguardar sus tierras al bloquear físicamente a las empresas mineras para que no entraran, o patrullando sus territorios y persiguiendo a los forasteros.

No obstante, como alerta esta asesora, “también hay un gran grupo de conservacionistas que aún no reconoce la contribución de los pueblos indígenas”, citando como ejemplo, un grupo que en India ha presentado varias veces casos en los tribunales acusando a las comunidades indígenas de caza furtiva y la destrucción de bosques. En la vecina Nepal, los guardaparques en el Parque Nacional de Chitwan están acusados de torturar, acosar e incluso matar a miembros de la comunidad indígena que viven en la zona de amortiguamiento del parque, a quienes acusan (erróneamente) de caza furtiva.

Por otra parte, el confinamiento por el que han ido optando poco a poco los gobiernos de todos los continentes —para hacer frente a la pandemia de covid-19—, ha hecho que la situación para muchas comunidades, ya vulnerables de por sí, empeore.

Varias organizaciones denuncian que gobiernos y empresas en países como India, Camboya o Indonesia, aprovecharon este periodo (en el que los indígenas, por ejemplo, se habían trasladado a alberges temporales para protegerse de la expansión del coronavirus) para usurpar sus tierras, revocar derechos y debilitar leyes de protección medioambiental.

Entre otros ejemplos, Leth expone que la llegada del coronavirus ha impactado la seguridad alimentaria y modos de vida de los pueblos indígenas, ya que estos meses no han podido atender sus granjas (porque no tenían acceso a ellas). La ONG camboyana Equitable Cambodia denuncia por su parte que la compañía de caucho vietnamita Hoang Anh Gia Lai (HAGL) ha arrasado en la provincia de Ratanakiri dos montañas sagradas, humedales, áreas de caza tradicionales y cementerios durante la cuarentena.

Según mencionó a la prensa Jaynee Garganera, uno de los coordinadores de Alyansa Tigil Mina (ATM), una coalición nacional de organizaciones que luchan contra la extracción destructiva a gran escala en Filipinas, mientras el país lucha contra la pandemia, el gobierno ha permitido la continuación de las operaciones mineras, cuando este sector, según indicó, tiene una contribución económica minúscula. Garganera pedía al departamento de medio ambiente del país emitir una moratoria sobre la minería en áreas ambientalmente críticas, como cuencas hidrográficas, bosques primarios y ecosistemas de islas pequeñas.

Para Leth, la sabiduría y el conocimiento de los pueblos indígenas son indispensables para combatir el cambio climático, encontrar soluciones sociales y políticas y continuar viviendo en un mundo de diversidad cultural. No obstante, ante una carrera en la que siguen apareciendo nuevos obstáculos, la meta se avista lejana. En el marco de la pandemia, cuando la emergencia sanitaria concluya, los diferentes gobiernos deberán preparar estrategias de recuperación económica. La extracción rápida de recursos, y un renovado impulso al sector del turismo, serán, según los activistas, dos fuentes de tensión para los derechos de los indígenas. Aun así, las comunidades locales no se rinden y seguirán luchando por ser reconocidas, levantando su voz.