Los indígenas asiáticos y los efectos colaterales del coronavirus (Planeta Futuro de El País)

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En Camboya, Filipinas o Indonesia, los pueblos minoritarios han perdido derechos de propiedad sobre sus tierras ancestrales durante el confinamiento. Varias organizaciones denuncian que gobiernos y empresas aprovecharon para usurparlas, revocar derechos y debilitar leyes de protección medioambiental

Mujeres indígenas de la región de Ratanakiri, en Camboya, caminan de vuelta a casa tras haber acudido a un mercado matutino. ROLAND NEVEU LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Los pueblos indígenas forman parte de los grupos más vulnerables en el sureste asiático, con covid-19 o sin ella, pero con el estallido de la pandemia, algunos de sus problemas se han exacerbado. En Asia habitan dos tercios del total de los existentes en todo el mundo. Varias organizaciones denuncian que mientras muchos ciudadanos permanecían en sus casas para tratar de contener la cadena de contagios, algunos Gobiernos y empresas aprovecharon la situación para llevar a cabo campañas militares, usurpar tierras, revocar derechos ancestrales y debilitar las leyes de protección medioambiental. Todo ello sin encontrar apenas resistencia.

Signe Leth, asesora de la ONG Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA por sus siglas en inglés) explica que la llegada del coronavirus ha golpeado a los pueblos indígenas de muchas maneras. «En primer lugar, ha impactado a su seguridad alimentaria y modos de vida, ya que estos meses no han podido atender sus granjas. Se trata de una situación delicada teniendo en cuenta que muchos de ellos son migrantes con trabajos no regulados, por lo que miles de personas han perdido sus empleos y tienen que subsistir con pocos recursos».

Leth asegura que se están otorgando licencias para proyectos de desarrollo a gran escala en tierras forestales y que las operaciones mineras continúan en algunos países. Los defensores de los derechos de las personas indígenas sufren cada vez más ataques debido al bloqueo y las restricciones de movimiento: son más fáciles de encontrar y no pueden movilizar sus redes de apoyo, por lo que “temen por su seguridad”, explica. Además, se están llevando a cabo “desalojos de las tierras forestales y realizando campañas militares, sin importar que estas iniciativas no tengan nada que ver con la lucha contra la pandemia”, afirma.

Camboya

Eang Vuthy, director ejecutivo de Equitable Cambodia, una ONG local camboyana, explica que en las comunidades de la provincia de Ratanakiri, al noreste de este país, están extremadamente enfadadas con la compañía de caucho vietnamita Hoang Anh Gia Lai (HAGL) que ha arrasado dos montañas sagradas, humedales, áreas de caza tradicionales y cementerios durante la cuarentena.

Vuthy afirma que la empresa “no ha respetado los numerosos acuerdos alcanzados, incluido el acuerdo general de 2014, que establece un compromiso para no limpiar más tierras comunitarias, ni el acuerdo de 2017 que declaró áreas específicas acordadas para ser devueltas (incluidas las áreas que habían sido despejadas en marzo)”.

Las comunidades están exigiendo a HAGL que detenga de inmediato sus operaciones y acepte devolver todos los terrenos, incluidas las áreas recientemente despejadas, para que puedan volver a dejar crecer los bosques, sus montañas espirituales y la agricultura de subsistencia. Las comunidades también están exigiendo a la compañía que les proporcione cartas firmadas de su presidente para tener alguna garantía de que no volverá a suceder.

Estos terrenos son muy importantes para la cultura de estos pueblos, ya que, como dice Vuthy, sus creencias se derivan de sus relaciones con la tierra. Ellos creen en los espíritus que habitan los bosques y las montañas. Ahora que la compañía ha despejado la zona, no tienen lugar para rezar y creen que puede haber consecuencias por haberlas dejado usurpar.

Filipinas

El caso de Camboya no es único. Una de las minorías que más afectada se ha visto es la de los Dumagat-Remontados, un pueblo que habita desde hace siglos los frondosos bosques de la cordillera de la Sierra Madre, en la isla filipina de Luzón, y cuyas tierras ancestrales están ahora amenazadas. Flores-Obanil, coordinadora regional para Asia de la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo, cuenta que en este área es donde el Gobierno filipino planea construir la presa Kaliwa, a pesar de las preocupaciones ambientales y la oposición de las comunidades indígenas locales que temen ser desplazadas y perder sus medios de vida.

En 2009 este pueblo, con el apoyo de la Alianza Salvar Sierra Madre (SSMNA), había conseguido detener con éxito su construcción a través de una campaña pública y acciones legales. Pero bajo la presidencia de Rodrigo Duterte, el proyecto obtuvo el año pasado un dudoso certificado de cumplimiento ambiental y un préstamo bancario de 211,2 millones de dólares (unos 185 millones de euros). Desde entonces, la militarización en la zona ha aumentado y los líderes comunitarios han sido acusados de pertenecer a un grupo rebelde.

Con la llegada del coronavirus y las medidas de contención, “ha aumentado la presencia de la policía y de los militares en el lugar, mientras que la población residente no se ha podido mover libremente en sus tierras”, dice Flores-Obanil. En marzo, un miembro de la comunidad Dumagat-Remontado fue detenido y maltratado físicamente mientras estaba bajo custodia, un penúltimo episodio en un contexto de violencia continua, añade.

Una multitud de agricultores y pescadores indígenas realiza una protesta

Una multitud de agricultores y pescadores indígenas realiza una protesta «muerta» para dramatizar su difícil situación en Quezon City (Filipinas) el 10 de diciembre de 2012 en Manila, la capital. Los indígenas dumagat, agricultores y pescadores viajaron 350 kilómetros a pie desde la región norteña de Casiguran, Aurora, en un esfuerzo por detener la construcción de una zona de procesamiento de exportaciones. Los agricultores dijeron que el proyecto había desplazado a 3.000 familias y eliminado sus fuentes de sustento. DONDI TAWATAO GETTY IMAGES

El Gobierno también ha seguido emitiendo permisos de minería, y algunas comunidades han denunciado un aumento en las actividades mineras ilegales, realizadas especialmente por compañías chinas, según alertó Alyansa Tigil Mina (ATM), una coalición nacional de organizaciones que luchan contra la extracción destructiva a gran escala en el país.

Myanmar e Indonesia

Leth, de IWGIA, asegura que el Gobierno de Myanmar también ha visto en la pandemia una oportunidad para intensificar su represión contra los pueblos indígenas y otros grupos étnicos. “Los enfrentamientos feroces, incluidos los bombardeos indiscriminados y los ataques aéreos han provocado la pérdida de vidas de varios civiles”, asegura ella.

Desde su organización han recibido denuncias sobre la tala de bosques en Indonesia. Sin embargo, argumenta que uno de los mayores desafíos durante la pandemia ha sido obtener información de las áreas más remotas que están fuera de la red, aunque temen “una situación realmente mala” de la que actualmente no pueden obtener suficiente información.

Desgraciadamente, la llegada de la covid-19 también ha afectado a las comunidades indígenas en el acceso a los centros de salud, ya que muchas viven en áreas incomunicadas y no tienen acceso a algunas instalaciones, al apoyo del Gobierno ni a información en su propio idioma sobre cómo protegerse del virus, poniendo a su población en mayor riesgo.

Las organizaciones mencionadas están tratando de ayudar a los pueblos indígenas para que conozcan sus derechos, puedan documentar cualquier violación de los derechos humanos que ocurra y protestar por estas violaciones. Para los casos específicos que involucran a compañías e inversores que atentan contra derechos humanos, Leth dice que se está trabajando en una coalición de casi 40 organizaciones para contrarrestarlos conjuntamente: la Iniciativa de Tolerancia Cero, financiada por la Cooperación noruega.