Plantaciones de aceite de palma y turberas, una convivencia imposible (El País)

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Aceite de Palma: Indonesia es el mayor productor de este cultivo del mundo. Un informe de Human Rights Watch denuncia concesiones y daños al medio ambiente que amenazan el acceso a los alimentos de los habitantes de la isla de Borneo.

Publiqué este artículo previamente en El País Planeta Futuro.

Mujeres en una aldea en Kalimantan occidental, Indonesia, cuyos medios de vida y seguridad alimentaria se han visto afectados por la expansión de una plantación de palma en su tierra.

Mujeres en una aldea en Kalimantan occidental, Indonesia, cuyos medios de vida y seguridad alimentaria se han visto afectados por la expansión de una plantación de palma en su tierra.JULIANA NNOKO-MEWANU / HUMAN RIGHTS WATCH

Aceite de Palma

Las turberas, un tipo de humedal ácido en el cual se acumula la materia orgánica, son ecosistemas que cumplen funciones ambientales valiosas a la hora de mitigar el cambio climático. Pero al deforestar y drenarlas, liberan el carbono y otros gases que calientan el clima en la atmósfera. De ahí la importancia de conservarlas y restaurarlas adecuadamente. Las de Indonesia almacenan aproximadamente 80.000 millones de toneladas de carbono, alrededor del 5% de todo el almacenado en el suelo a nivel mundial. Sin embargo, una combinación de codicia corporativa y fracasos gubernamentales relacionados con la expansión de las plantaciones de aceite de palma en el oeste del país, está causando daños a las comunidades residentes y, también, provocando graves efectos en el medioambiente, según denuncia la ONG Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este verano.

La acusación principal de esta ONG es que el Gobierno de Kalimantan occidental, una de las cinco provincias de la parte indonesia de la isla de Borneo, está promoviendo una mayor producción de aceite de palma, pero no está garantizando que las empresas nacionales involucradas en las diversas etapas de su producción —desde el cultivo de la palma aceitera, hasta la refinería— cumplan con la legislación nacional. En los últimos años, no se han producido mejoras en este sentido para los residentes ni la tierra, y además, nuevas leyes podrían facilitar los abusos.

El aceite de palma es un producto ampliamente utilizado para la fabricación de alimentos, productos de belleza y biocombustible. Indonesia es el mayor productor de aceite de palma en el mundo y los últimos años se han despejado grandes extensiones de sus bosques naturales para dar paso a estas plantaciones, aumentando significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

En el informe ¿Por qué nuestra tierra?: La expansión del aceite de palma en Indonesia pone en riesgo las turberas y los medios de vida, HRW analiza la forma de trabajar de PT Sintang Raya, una empresa privada, subsidiaria de la Corporación Deasang de Corea del Sur, en tres aldeas en Kalimantan occidental.

Una mujer secando granos al sol en Kalimantan occidental, Indonesia. Una concesión de aceite de palma se superpone a sus tierras de cultivo y amenaza el acceso a alimentos para ella y de su familia.

Una mujer secando granos al sol en Kalimantan occidental, Indonesia. Una concesión de aceite de palma se superpone a sus tierras de cultivo y amenaza el acceso a alimentos para ella y de su familia.JULIANA NNOKO-MEWANU / HUMAN RIGHTS WATCH

El texto denuncia que el Gobierno indonesio no está protegiendo los derechos de las comunidades que viven en o cerca de estas turberas convertidas en agricultura comercial. Los residentes no solo no han podido expresar su opinión sobre estos cambios, sino que quienes se han mostrado en contra, han sufrido las consecuencias, incluido el acoso e intimidación policial. Según HRW, la expansión de las plantaciones ha fomentado también cientos de conflictos por la tierra, incluso entre comunidades formadas durante décadas como parte de un programa de reasentamiento nacional patrocinado por el Gobierno central.

El programa de transmigración de Indonesia es un plan de población que consiste en trasladar a millones de familias de las islas más pobladas (como la isla de Java), a las que lo están menos (como Borneo). En los años setenta, muchas personas fueron reubicadas en los bosques, incluidas las turberas boscosas. Con el tiempo, la Administración ha otorgado concesiones para la palma de aceite y otras plantaciones en las mismas áreas, motivo por el cual, las familias cuestionan los títulos de propiedad obtenidos, ya que las compensaciones por perder sus territorios han sido mínimas o nulas.

En 2010, funcionarios del Gobierno, incluida la Policía, organizaron una reunión con líderes comunitarios y representantes de PT Sintang Raya. Abdul Majid, un hombre de 42 años de una de las comunidades afectadas, asistió a la asamblea. Según expresó a la ONG, la compañía dijo: “Todos tenemos los permisos requeridos, puede hacer que diez abogados presenten una demanda, estaremos esperando’. No hubo discusión sobre compensación ni nada más”.

La autora del informe, Juliana Nnoko-Mewanu, explica que en 2011 los residentes de algunas aldeas tomaron medidas legales para reclamar sus tierras haciendo frente a esta empresa. “Su petición fue exitosa”, dice. Y las apelaciones posteriores de PT Sintang Raya no siguieron adelante. En 2014, la Corte Suprema de Indonesia afirmó que la empresa debería excluir de su concesión las tierras pertenecientes a los hogares que entablaron la demanda. Pero la compañía no ha implementado la decisión y la agencia responsable del Gobierno no ha cumplido la sentencia judicial.

Los miembros de las comunidades expresaron a HRW que las plantaciones están perjudicando sus medios de vida. Desde que la empresa comenzó a operar en la zona, han aumentado las plagas y se han registrado intrusiones de agua salada en la estación seca, provocando un aumento de la salinidad del suelo y un bajo rendimiento de los cultivos, entre otros problemas.

En 2018, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, estableció un equipo con el objetivo de acelerar un programa que facilitara a las comunidades locales un mayor control de sus tierras. Sin embargo, el informe recalca que estas acciones entran en conflicto con otras nuevas leyes destinadas a fomentar la inversión en Indonesia. Estas limitan la participación pública y la supervisión del Gobierno.

Kalimantan occidental cuenta con turberas de unos 1,7 millones de hectáreas, lo que supone alrededor del 29% del área total de la provincia. Y almacenan alrededor de 3,6 millones de toneladas de carbono. La tala y la demolición de los bosques para el cultivo de la palma aceitera ha provocado la pérdida de biodiversidad y libera enormes cantidades de CO² a la atmósfera, provocando el hundimiento de la turba y haciendo que el suelo sea más susceptible a incendios e inundaciones.

En 2015, los incendios de las turberas y el humo tóxico emitido, provocaron la hospitalización de más de medio millón de personas a causa de infecciones respiratorias agudas, según la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos (UNOPS). Los daños directos e indirectos también fueron evidentes. Significaron un costo aproximado de 16.000 millones de dólares a la economía nacional de Indonesia. Unos 13.500 millones de euros.

Durante más de una década, HRW ha señalado que la mala gestión de la tierra y la silvicultura de Indonesia tiene graves implicaciones globales. La investigadora Nnoko-Mewanu remarca que la ONG para la que trabaja ha publicado informes en este sentido en 20092013 y 2019. El mismo 2019, “un trabajo del Gobierno encontró que 3,1 millones de hectáreas, o alrededor del 19% del total de plantaciones de palma aceitera del país, estaban operando sin permisos gubernamentales válidos en áreas forestales”, dice.

Wahyu Setiawan, jefe del Movimiento de Reforma Agraria de Kalimantan Occidental (AGRA), expresó a la ONG que en el caso de PT Sintang Raya, aunque ya hay un veredicto de la Corte Suprema, la empresa todavía está funcionando como si esta sentencia solo fuera una hoja de papel sin sentido. “El regente en ese momento, Rusman Ali, dijo en público que la empresa debía de cumplir el fallo judicial, pero aún no lo hizo. Y que, legalmente, habían hecho todo lo que pudieron”, concluye.